Este escrito propone que, ya que somos 35 millones de ciudadanas y ciudadanos mayores de edad, a quienes nos representan 350 diputados, existe la posibilidad de descontar una pequeña cuota de representación a cada uno de los diputados, una treinta y cinco millonésima parte (la cuota de soberanía que nos corresponde por votante), cuando queramos acceder vía internet al Congreso.
Como todos los diputados representan en conjunto a la soberanía popular, a todos se les restaría una pequeña parte, la correspondiente a la cuota de soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar. Así, nuestra intervención sería proporcional y justa. Nuestra participación directa sólo supondría, por tanto, añadir unos nueve decimales a los números del tablero de votaciones, el de las luces verdes y rojas.
Esto significa que por cada cien mil ciudadanos que votaran on-line, un escaño volvería al pueblo. Si fuéramos un millón, pues diez escaños para la ciudadanía. Simple. Democracia Real, de verdad. Cuando estoy interesado, entro y voto. Y cuando no, que vote su Señoría, que para eso se le paga.
Sería supervisión pura ya que, como mínimo, se crea el derecho de veto ciudadano de manera instantánea. El control sobre las decisiones tomadas en el Parlamento, por parte de las personas, crecería. Los presupuestos, los recortes sociales, las medidas más polémicas y de mayor transcendencia podrían ser evaluadas y decididas por los destinatarios de las mismas, los españoles, lo que obligaría a los diputados a tomarse más en serio su trabajo, a sabiendas de que muchos ojos lo fiscalizan. Precisamente, los ojos de las personas que, con sus impuestos, les pagan buenos sueldos y buenas pensiones de jubilación. En definitiva, eliminar el actual cheque en blanco que suponen las elecciones y constituir una democracia en tiempo real, responsable y exigente.
Este escrito se encuentra en la comisión de garantías constitucionales del Congreso de los Diputados desde noviembre de 2010 y no han obtenido una respuesta, que deberían haber ofrecido a los tres meses, como dicen las leyes, pues no se permite en esta materia el silencio administrativo.
Suponen que el hecho de que se apruebe esta medida, que devolvería la soberanía a sus legítimos propietarios, no agradaría demasiado a sus señorías. Están planteando directamente la legitimidad del órgano legislativo y el verdadero papel que deben desarrollar nuestros representantes, que no mandan en nosotros, que cobran por atender nuestros intereses.
FUENTE DE INFORMACIÓN: twitter Democracia Real Ya Mallorca (incluido el vídeo)
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